Lima, 14 nov (EFE).- A un año de las multitudinarias protestas que produjeron la caída del régimen efímero de Manuel Merino en Perú, con un saldo de dos jóvenes muertos y decenas de heridos por la represión policial, la ciudadanía y los familiares de las víctimas siguen esperando que la Justicia identifique a los responsables.
El 14 de noviembre de 2020 miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles del país, principalmente en Lima, para protestar contra la decisión del Congreso, que dominaba el fujimorismo, de destituir a Martín Vizcarra y colocar en su lugar a Merino, quien era presidente del Legislativo.
Vizcarra fue cesado por “incapacidad moral” por denuncias, aún no comprobadas por la Justicia, de que cometió actos de corrupción cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).
En las manifestaciones, que se desarrollaron durante cuatro días, pero alcanzaron su clímax durante la noche del 14 de noviembre en el centro histórico de Lima, murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, de 24 y 22 años, respectivamente.
Al día siguiente de la violenta represión policial, Merino dimitió tras haber permanecido solo cinco días en el cargo.
MUERTES AÚN SIN ACLARAR
Los familiares de las víctimas, que también comprendieron a decenas de jóvenes heridos, entre ellos varios periodistas, aún reclaman que la Justicia de su país establezca y sancione responsabilidades, así como ordene indemnizaciones.
Esta semana, pidieron la retirada de su inmunidad legal que tiene Merino por haber sido presidente y reclamaron porque “hasta el día de hoy no se ha encontrado justicia”.
“No podemos vivir el luto que quisiéramos. Nos hemos quedado con ese sinsabor del anterior Gobierno”, declaró Oscar Pintado, el padre de Bryan.
A su turno, los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera reconocieron que la Fiscalía ya presentó una denuncia penal contra Merino, el exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves.
Lamentaron, sin embargo, que se haya exculpado “de todo tipo de responsabilidades” a los agentes investigados por abuso de autoridad y por “incumplir los propios reglamentos internos” de la Policía.
En ese sentido, el padre de Bryan y la hermana de Inti, Killa Sotelo, pidieron al ministro del Interior, Avelino Guillén, que dé explicaciones de esta “lavada de manos”, que consideraron “una burla para las familias” y una muestra de impunidad.
LA DEFENSA DE MERINO
Tanto Merino, quien ha pedido al Congreso que le otorgue una pensión como expresidente, a pesar de su efímero paso por el cargo, como un colectivo conservador de dónde salió gran parte de su gabinete, exigieron el cese de las investigaciones.
Los defensores de Merino aseguran que se está dando “una persecución política” contra quienes “cumplieron su misión de resguardar el orden público y el Estado de Derecho” y anunciaron que presentarán recursos internacionales para que se identifique “penalmente a los promotores de los disturbios que desembocaron en el golpe de Estado”, tal como califican a la caída de ese régimen.
Consideraron, además, “inadmisible” que la fiscal general peruana, Zoraida Ávalos, haya decidido iniciar una investigación preparatoria de carácter criminal, con la intención, según dijeron, de esconder “a los verdaderos culpables” de estos sucesos.
LA POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES
En medio de estas posiciones, el gobierno del izquierdista Pedro Castillo creó una comisión para atender a las víctimas y sus familiares mientras que Guillén confirmó que la Inspectoría de la Policía había archivado la investigación interna sobre los sucesos.
Sin embargo, este sábado se conoció que el Tribunal de Disciplina de la Policía ordenó anular la decisión de archivar el proceso que se seguía a 11 policías implicados en la represión policial.
A su turno, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reiteró su rechazo “a la cruel represión policial cometida durante la semana de protestas en defensa de la democracia” y denunció “la complicidad del sistema de Justicia en la impunidad de los delitos cometidos en esos días”, en los que varios periodistas resultaron heridos.
LOS JÓVENES QUE NO SE OLVIDAN
Las muertes de Inti y Bryan, y la represión que las generó, impactaron profundamente en muchos jóvenes peruanos, que en su mayoría crecieron en la época posterior al violento accionar que lanzó contra el Estado el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Por ese motivo, durante la noche de este sábado, integrantes de colectivos civiles marcharon por el centro histórico de Lima para exigir justicia y guardar un minuto de silencio por las víctimas.
También fueron recordadas este domingo por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien en una misa celebrada en la Catedral afirmó que “quisieron expresar su sentido patrio en la situación difícil que se vivió hace un año”.
“Bryan e Inti, hoy día los queremos recordar porque nos recuerdan a nosotros la ternura con la que debemos actuar, la valentía también, pero ternura con el país, que es lo principal”, afirmó.