Un panorama preocupante para la transparencia regional ha puesto al descubierto la Contraloría General de la República. A través de una reciente alerta, el máximo órgano de control reveló que el Gobierno Regional de Ica (Gore Ica) forma parte de un grupo de diez administraciones subnacionales del país que incumplen con asignar los fondos mínimos obligatorios destinados a la fiscalización de sus propias gestiones.
De acuerdo con la normativa vigente y la Ley n.° 31812, las regiones están obligadas a incorporar en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) al menos el 1 % del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios a favor de sus respectivos Consejos Regionales. Este dinero tiene como finalidad garantizar la capacidad logística y el soporte profesional necesario para que los consejeros puedan auditar la gestión pública de forma óptima.
El caso específico de Ica
La auditoría realizada al 15 de junio de 2026 determinó que el Gobierno Regional de Ica consignó únicamente la suma de S/ 376 163.00 para las tareas de fiscalización. No obstante, el mandato legal le exigía un monto mínimo de S/ 695 450.76 para este ejercicio fiscal. Esto significa un recorte presupuestal encubierto de casi el 46 % respecto a lo que legítimamente corresponde para el control del pliego institucional.
Esta alarmante brecha económica fue detallada formalmente en el Informe de Orientación de Oficio n.° 8551-2026-CG/PREV-SOO, documento mediante el cual se individualizan las deficiencias presupuestarias de la región iqueña.
Riesgo inminente y medidas
La Contraloría advirtió que la falta de transferencia de estos recursos limita gravemente la función fiscalizadora de los consejeros regionales, quienes tienen la atribución legal y democrática de vigilar el uso correcto de los fondos del Estado bajo el amparo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley n.° 27867).
Ante esta situación, los resultados del servicio de control ya han sido comunicados directamente al titular del Gobierno Regional de Ica, con el objetivo de que adopte de manera urgente y oportuna las medidas preventivas y correctivas del caso para subsanar el presupuesto y evitar trabas al control institucional.
