Desde este viernes 24, se exigirá en toda la región Ica, la presentación del carnet de vacunación contra la COVID-19, (dos dosis), a todas las personas – mayores de edad -, que pretendan ingresar a los restaurantes, cines, gimnasios, estadios, bares, discotecas, casinos, tragamonedas y los locales donde se realicen eventos y espectáculos de concurrencia masiva.
Así lo establece la Ordenanza Regional N° 0011-2021-GORE-ICA publicada hoy en la separata oficial de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y que precisa que esta medida tiene carácter excepcional y extraordinaria y que regirá mientras se prolongue el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia de covid-19.
El dispositivo, firmado por el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, generó, sin embargo, algunas controversias. El especialista en temas legales, abogado Daniel Acevedo Jhong, sostuvo que el dispositivo se puede enfocar bajo dos aspectos fundamentales: Si es pertinente y si es legal.
“Es pertinente toda vez que estamos ante una eventual tercera ola de propagación de este mal y tenemos la presencia de la variante delta en nuestra región que puede ocasionar la masiva propagación de casos y un nuevo colapso de los establecimientos de salud, como ya ocurrió en nuestra región en las dos olas anteriores”, advirtió.
Sin embargo, explicó, existe un contexto legal y jurídico que tiene que ver con las libertades individuales y de desplazamiento, además del aspecto económico.
En la región Ica, de acuerdo con la información brindada por el Minsa, hay un 42.5% de población vacunada con dos dosis, lo que demuestra que el 57.5% de la población y que forma parte, en su mayoría, de la población económicamente activa (PEA), no ha sido vacunada convenientemente por lo que se encuentra limitada para acudir a sus centros laborales, abrir sus negocios o empresas.
Asimismo, las normas sanitarias establecidas por el Gobierno no prevén la obligatoriedad de la presentación del carnet de vacunación para ingresar a un establecimiento, por lo tanto, no hay una norma específica del Ejecutivo que los gobiernos regionales puedan replicar.
“Lo que hace el Gobierno Regional de Ica es una interpretación de la Constitución y luego sustenta la ordenanza regional con la posibilidad de que disminuyan los casos de COVID-19”, afirmó.
“De otro lado, con este dispositivo se vulnera el derecho de las personas al impedirles el libre desplazamiento”, aclaró Acevedo quien, sin embargo y, al margen de esta situación, demandó a la población vacunarse contra el coronavirus ya que es la única forma de protegernos y alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño.
La ordenanza señala que, si la persona insiste en ingresar a uno de estos establecimientos, el administrador le entregará un formulario a modo de declaración jurada, en la que reconoce que será el único responsable de un eventual contagio, asumiendo las consecuencias.
A su turno el abogado, José Luis Escate Espinoza, sostuvo que la ordenanza regional constituye una buena iniciativa que pretende controlar la afluencia de publico en los locales a los que acuden mayoritariamente jóvenes que aún no han sido inmunizados.
“Es una buena iniciativa, pero el problema es determinar si los establecimientos comerciales y públicos están preparados para verificar la autenticidad del carnet de vacunación”.
En ese sentido Escate, preguntó a las autoridades regionales si ¿habían verificado si los locales comerciales y que reciben gran afluencia de público, especificados en la ordenanza regional, tienen capacidad de verificar y constatar a las personas que ingresan con su respectivo carnet de vacunación?
“Además, si vemos que en muchos locales se registra una gran afluencia de público, se fomentará el desorden por las colas que se formarán al momento de ingresar”, advirtió. Escate.
EL DATO
“Aquí simplemente es el facilismo del Gore Ica que piensa que prohibiendo cosas va a lograr algo, esta ordenanza es un desperdicio jurídico que no traerá ningún beneficio y lo único que va a ocasionar va a fomentar la sacada de “vuelta” a la norma”, dijo Acevedo Jhong.
SEPA MAS:
- La Política Pública Nacional de Salud, la define el gobierno central y quienes replican esa norma son los gobiernos regionales.
- La normatividad para el reinicio de las actividades económicas no tienen la obligatoriedad de vacunarse por lo que esta ordenanza es contraria a la ley.
- El Gore Ica está poniendo una restricción mucho más dura que la establecida a nivel nacional y eso no puede ser ya que restringe las libertades.