El Poder Ejecutivo declaró oficialmente el estado de emergencia en diversos distritos de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca por un plazo de 60 días calendario. La medida responde al peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, cuyo nivel de riesgo ha sido clasificado como muy alto.
Sin un solo sol adicional del Tesoro Público, los municipios y el Gobierno Regional de Ica tendrán que asumir el costo total de las obras y acciones de mitigación frente a la emergencia por El Niño.
La disposición, oficializada mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM publicado este jueves en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece que las capacidades de respuesta del Gobierno Regional de Ica han sido sobrepasadas, haciendo necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.
A nivel regional, la declaratoria abarca un total de 36 distritos distribuidos de la siguiente manera:
Provincia de Chincha: Alto Larán, Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, San Pedro de Huacarpana y Tambo de Mora.
Provincia de Ica: Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario.
Provincia de Nasca: Changuillo, El Ingenio, Nasca y Vista Alegre.
Provincia de Palpa: Llipata, Palpa, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo. Provincia de Pisco: Huancano, Humay, Independencia, Pisco, San Clemente y Túpac Amaru Inca.
Acciones inmediatas y financiamiento
La norma técnica precisa que el Gobierno Regional de Ica y los respectivos municipios locales ejecutarán las acciones de excepción, inmediatas y necesarias, orientadas a la reducción del riesgo existente, así como a las tareas de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Estas labores contarán con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el apoyo de ministerios clave como Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Agricultura y Defensa, entre otros sectores.
Se enfatiza que todas las intervenciones ejecutadas deberán contar con un nexo directo de causalidad con el peligro inminente de las precipitaciones y podrán modificarse según las necesidades técnicas que se presenten en el transcurso de la emergencia.
Respecto a los fondos para mitigar los efectos de El Niño, el decreto estipula que la implementación de las acciones se financiará estrictamente con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, por lo que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro Público.
El dispositivo legal lleva la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar Zelada; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y de los ministros de los distintos sectores articulados en la emergencia.
